Para el ciudadano colombiano, el acceso a los servicios de justicia es deficiente en la mayor parte de los municipios del país, muchas personas no saben o desconocen a dónde deben acudir para buscar solución a sus controversias y si lo saben, los horarios de atención y la localización geográfica de las Instituciones a las que les compete atender el asunto les impide acudir a ellas. Esta situación afecta especialmente a la población de escasos recursos económicos, la cual generalmente se encuentra asentada en zonas marginales de las grandes ciudades o en zonas rurales, donde la conflictividad y la comisión de delitos es alta.
 
Para salvar los obstáculos antes mencionados, la Constitución Política de 1991 ha dotado al Estado de herramientas mediante las cuales se puede fortalecer el pluralismo jurídico y la democracia participativa a través de un amplio repertorio de formas consensuadas de administración de justicia, donde se contempla la posibilidad de investir a los particulares con facultades transitorias para administrar justicia, en calidad de Conciliadores o de Árbitros, habilitados por las partes para proferir fallos en Derecho o en Equidad, ver Art. 116 C.N.; también instaura las denominadas jurisdicciones especiales (Justicia Indígena y Justicia de Paz), con el doble propósito de contribuir a la descongestión de los despachos judiciales y de promover formas alternativas de resolución de los conflictos.
               
La Constitución Política de 1991 declaró que Colombia es un Estado Social de Derecho. Esto implica que se debe garantizar a los ciudadanos un orden político, económico y social justo, para lo cual es fundamental que los asociados tengan acceso a un sistema de justicia eficaz, fundamentado en la igualdad y el respeto a la diferencia y enmarcado en un ámbito participativo y pluralista. En este sentido, el Estado Colombiano implementa el Programa Nacional Casas de Justicia, mediante el cual se pretende fortalecer la presencia del Estado en las comunidades de zonas urbanas marginales, mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios básicos de justicia, promover procesos de construcción de convivencia pacífica y prestar servicios de manera gratuita y eficiente.
 
El Programa ha sido posible gracias al apoyo de instituciones de Entidades del orden Municipal y Nacional que forman parte del Programa, así como también a la presencia de la comunidad representada en los Conciliadores en Equidad, Jueces de Paz, representantes de las Comunidades Indígenas, de las Comunidades Afrocolombianas y de la participación de las Universidades presentes en la zona. También el apoyo de la Cooperación Internacional ha contribuido de manera significativa al crecimiento del Programa en materia de infraestructura.
 
Esta estrategia permite que el Estado responda a las necesidades particulares en materia de justicia de los habitantes en las zonas de influencia de las Casas de Justicia, integra los servicios de justicia en un solo establecimiento, donde se presta orientación jurídica, se ofrece atención multidisciplinaria de forma integral y coordinada, se promociona la utilización de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos y se promueve la defensa y protección de los derechos humanos. Sin lugar a dudas, se trata de una instancia que contribuye a reducir los niveles de conflictividad en las zonas donde se ha implementado y es un núcleo de referencia tanto para el desarrollo local como para la construcción de convivencia pacífica entre las comunidades.
 
Los principales conflictos que se atienden en Casas de Justicia son: conflictos familiares, pérdida o ausencia de documentos, problemas penales, conflictos entre vecinos, no pago de arriendo y de servicios públicos, problemas que requieren atención, apoyo u orientación psicológica, solicitud de información, violación de derechos humanos, los cuales configuran una forma específica de conflicto que limita la capacidad de la sociedad civil para establecer y mantener mecanismos de regulación estratégica.
 
Con el presente portal, se pretende proporcionar información a la ciudadanía y a los servidores locales como: Alcaldes, Secretarios de Gobierno, Concejales, Gobernadores y a la Comunidad en general, de manera específica a los potenciales participantes del Programa, la cual les permite conocer con profundidad los objetivos y requerimientos para la puesta en funcionamiento de una Casa de Justicia.
 
El contenido de esta guía está estructurado en módulos donde los interesados en implementar esta herramienta encontrarán los requisitos y fases a seguir para la puesta en operación del Programa en sus municipios. 

 
Entidades Adscritas Agencia Nacional de defensa Juridica del estado Inpec Superintendencia de Notariado y Registro SPC
 

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