Requisitos Mínimos para la Construcción y Puesta en Funcionamiento

Teniendo en cuenta que las Casas de Justicia en el país se establecen por demanda de los entes territoriales y su implementación depende de una serie de factores que determinan su aprobación, como la disponibilidad de las fuentes de financiación (Cooperación Internacional, Presupuesto General de la Nación y la Empresa Privada, entre otros) el compromiso en la sostenibilidad del Programa por parte de la administración local es indispensable para que el mismo no fracase.
 
El presente módulo contiene los elementos básicos que un alcalde debe conocer y agotar para implementar una Casa de Justicia.

Gestión para la Implementación

La solicitud para la implementación de una Casa de Justicia puede tener diferentes orígenes, lo indispensable es contar con la gestión y compromiso de las administraciones locales y departamentales.

Gestión Departamental:

Alternativamente, la iniciativa puede surgir de una Gobernación, la cual debe concertar con los municipios de una determinada región el beneficio que para la zona puede representar el tener una Casa de Justicia. En tal caso, la Gobernación, junto con las administraciones municipales, enviarán la solicitud al Ministerio de Justicia y del Derecho ajustándose al proceso de implementación expuesto en esta Guía.

Gestión municipal:

Igualmente, la iniciativa puede surgir de la Administración Municipal, para ello el Alcalde enviará una solicitud al Ministerio de Justicia y del Derecho. Esta solicitud debe obedecer a un estudio previo que el Alcalde debe elaborar incluyendo a la comunidad y con la participación de posibles aliados de la empresa privada que en un futuro pueden contribuir al financiamiento del proyecto, ya sea en su fase de construcción o en su fase de funcionamiento.

Iniciativa:

Solicitud o invitación. Aunque usualmente es el municipio o departamento el interesado en pertenecer al Programa Nacional de Casas de Justicia, la iniciativa también puede surgir del Gobierno Nacional, de tal manera que si de conformidad con los estudios realizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho a través de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, se determina la pertinencia de construir una nueva Casa de Justicia en un determinado municipio del país, se le enviará a la administración municipal una invitación para que, en concertación con la comunidad que representa determine la viabilidad de construirla siguiendo los pasos, requisitos y responsabilidades enunciados en la presente Guía.

Independientemente del actor que tenga la iniciativa, es importante que la respuesta sea acogida no sólo en la Administración Municipal, sino en la comunidad que es la receptora de los beneficios de la Casa de Justicia.

Por tal razón, dentro de esta primera etapa del proceso, el Alcalde Municipal concertará con los líderes comunitarios, con las comunidades educativas, con las organizaciones existentes en la región, con los miembros del Concejo Municipal y del Consejo Territorial de Planeación, entre otros, la posibilidad de implementar una Casa de Justicia, lo cual le dará una mayor solidez al Proyecto.

Remisión de requisitos:

Como se describió en el Módulo anterior, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha definido unos requisitos mínimos que deben cumplirse para dar inicio al proceso de implementación de una nueva Casa de Justicia.

Una vez que el departamento o el municipio reúnan los requisitos, deberá remitirse la solicitud a la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos para su respectiva evaluación y posterior respuesta. El departamento o municipio garantizará que la documentación e información sea lo más completa posible, con el fin de evitar demoras en ampliaciones o aclaraciones a los datos suministrados.

Evaluación de la solicitud a partir del momento en que la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho, reciba la solicitud o la respuesta a la invitación, contará con dos meses de plazo para el estudio y revisión de la documentación enviada por el municipio o departamento.
Si los requisitos responden a los criterios mencionados en la presente Guía, se concertará con el gobierno departamental o municipal una visita de verificación.

Capacidad Financiera

Los municipios o departamentos interesados en participar en el Programa Nacional de Casas de Justicia, deben hacer un sondeo previo sobre la viabilidad financiera, determinando el presupuesto local que permita visualizar los recursos de inversión disponibles para la construcción, dotación de muebles, equipos y enseres requeridos para el óptimo funcionamiento, así como también para el desarrollo de programas, proyectos, actividades en pro del acceso a la justicia y la resolución de conflictos, tales como la contratación y la capacitación de los funcionarios. Igualmente, pueden explorar la posibilidad de contar con fuentes de financiación, como recursos del presupuesto nacional, cooperación internacional o ayuda de la empresa privada, entre otras.
Deberán además demostrar que cuentan con recursos propios para sostener de forma permanente la nómina de funcionarios nuevos que se requiere para el buen funcionamiento de la Casa de Justicia, entre los que se encuentran, el Coordinador, el funcionario del Centro de Recepción e Información (CRI), el funcionario del Centro de Cómputo, Inspector de Policía, Comisario de Familia con sus respectivos equipos interdisciplinarios, Desarrollo Comunitario, Asuntos Étnicos, etc. De igual forma, la administración municipal debe contar con la disponibilidad financiera para cubrir los costos de servicios generales de: cafetería, personal, aseo, vigilancia y servicios públicos.
 
Las administraciones municipales interesadas deben realizar un estudio previo sobre la conveniencia y pertinencia de la implementación de este proyecto en el municipio, el cual debe ser liderado por la Alcaldía con la participación de la comunidad, la sociedad civil, la empresa privada que puedan contribuir al financiamiento del proyecto, ya sea en su fase de construcción o en su fase de funcionamiento a través de la cofinanciación y/o desarrollo de proyectos afines al Programa.
 
Dentro del estudio de financiación el gobierno municipal o departamental debe incorporar la Casa de Justicia al Plan de Desarrollo local, máxime si se tiene en cuenta la magnitud del Programa y todos los objetivos que están orientados a beneficiar a la comunidad; en consecuencia, son innumerables los proyectos en prevención, promoción, divulgación, fortalecimiento de temas de acceso a la justicia y resolución de conflictos que el Alcalde puede desarrollar desde la Casa de Justicia.
 
El Ministerio de Justicia y del Derecho, consultará con el Departamento Nacional de Planeación el Informe Anual de Ejecución Presupuestal del Municipio, con el fin de verificar la capacidad financiera para adquirir nuevos compromisos.

Capacidad Institucional

Dado que el modelo Casa de Justicia requiere la participación de Entidades del orden nacional y local, es importante conocer la presencia institucional existente en el municipio. Para esto, es necesario constatar el número de funcionarios de cada Entidad, su ubicación geográfica en el municipio y la factibilidad de ampliación de la planta de personal, así: Fiscalía Local (salas de atención al usuario, ubicación y número de funcionarios), Defensoría del Pueblo  (Defensores  Públicos),  Instituto  Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Médicos Peritos),Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Defensores de Familia y Equipo Interdisciplinario), Ministerio de la Protección Social (Inspectores de Trabajo), Universidades con Consultorios Jurídicos, Centros de Conciliación, Centros de Investigación Socio jurídica.
También es relevante identificar los Conciliadores en Equidad y los Jueces de Paz de la zona y otras organizaciones que podrían vincularse al Programa Nacional de Casas de Justicia, programas de pasantías universitarias en psicología, trabajo social, derecho, comunicación social y consejería familiar.
 
De otra parte, las Entidades del Orden Municipal son fundamentales para la constitución de la Casa, la capacidad institucional se reflejará en los compromisos municipales tanto en la generación de políticas como en la destinación de recursos de la Alcaldía.
En municipios donde las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y rom tengan presencia en las áreas de influencia de la Casa, se requiere prever de manera coordinada con ellas un tratamiento especial para su vinculación al Programa, partiendo del conocimiento de la diversidad cultural en la manera de resolver los conflictos y la relación que tienen con la justicia ordinaria.
 
La presencia de las Entidades del Orden Nacional necesaria para atender las principales problemáticas establecidas en el diagnóstico de conflictividad, al igual que la capacidad y voluntad municipal de generar un entorno institucional adecuado al desarrollo y eficiencia del Programa Nacional de Casas de Justicia, serán criterios determinantes para evaluar la viabilidad de implementar una Casa de Justicia en el municipio.

Políticas Departamentales o Municipales

La necesidad de implementar políticas públicas en justicia local, para el adecuado desarrollo del Programa y para un mayor impacto en la comunidad, lleva consigo que la administración municipal revise de manera simultánea el Plan de Desarrollo, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y tenga en cuenta planes de seguridad o de justicia y convivencia que estén en proceso en el municipio con el fin de buscar mecanismos de coordinación entre los mismos.

No se puede desconocer dentro de este proceso, la importancia  del  Concejo  Municipal,  responsable de la discusión, análisis y aprobación de los planes, proyectos y programas del municipio, garante de la asignación de los recursos necesarios para el óptimo desempeño del Programa en lo local.

Selección de la Zona de Influencia de la Casa de Justicia

Los criterios determinantes para seleccionar la zona donde se construirá una Casa de Justicia estarán determinados por la incidencia de factores tales como: la expansión urbana natural o inducida, la reducida presencia estatal referida a operadores de justicia, los índices de conflicto en relación con delitos y contravenciones, la descripción de la problemática intrafamiliar, el estrato socioeconómico, las áreas marginadas de la comunidad, el fácil acceso a la zona, la voluntad de los pobladores del sector para participar en el Programa y el reconocimiento de las formas de organización propias de la comunidad (Junta Administradora Local y Juntas de Acción Comunal).

Criterio Poblacional

Para la implementación del Programa Nacional de Casas de Justicia en un municipio o Entidad Territorial determinada, se toma como base las proyecciones demográficas y cifras de población originadas en el DANE; se consideran prioritarios los municipios con una población superior a cien mil (100.000) habitantes.

Los municipios que teniendo  en funcionamiento una Casa de Justicia y estén interesados en construir y poner en funcionamiento una nueva Casa, deberán demostrar el compromiso permanente con el funcionamiento y mantenimiento de la actual durante los tres años inmediatamente anteriores, además de la capacidad financiera e institucional que garantice la ampliación del Programa, sin detrimento del desarrollo institucional de la Casa de Justicia existente.

Diagnóstico de Conflictividad

El municipio deberá presentar un diagnóstico general de la situación del mismo que contenga los siguientes aspectos básicos:

•   El diagnóstico debe contener: presentación, objetivo general, objetivos específicos, beneficios del proyecto para el municipio, localización del municipio, contexto geopolítico, ordenamiento territorial, aspectos socioeconómicos, aspectos sociopolíticos índice NBI (necesidades básicas insatisfechas).
 
•   Descripción de la situación socioeconómica, de la población, distribución y descripción poblacional en el municipio, aspectos comunitarios, cobertura y calidad de servicios, análisis de índices de cobertura en servicios de justicia, salud, educación, etc.
 
•   Caracterización de la conflictividad; se identifican las mayores situaciones problemáticas que afronta el municipio, con referencia geográfica, elaboración del mapa de las zonas del municipio y su conflictividad, registros y análisis de delitos recepcionados por los operadores de justicia formal, descripción de la conflictividad presente en la zona veredal que se quiere impactar, discriminación de la tasa de porcentajes de: violencia intrafamiliar por zonas, problemas penales por zonas, problemas civiles, conflictos entre vecinos, problemas laborales, problemas juveniles, violaciones de derechos humanos, etc.
 
•   Identificación y ubicación de las Entidades con cargos y número de funcionarios que prestan los servicios de justicia formal y de los operadores de justicia comunitaria en el municipio.
 
•  Identificación de los procesos institucionales y comunitarios de largo y mediano alcance que trabajan en pro de la convivencia en el municipio (procesos locales por la paz, acciones impulsadas por las asociaciones de conciliadores y mediadores, consejos comunitarios de Afros, comunidades indígenas, estrategias escolares por la democracia, procesos en pro de los derechos humanos, organizaciones de jóvenes, de mujeres, entre otros).
 
•   Sondeo de percepciones a líderes comunitarios de la zona de influencia de la Casa de Justicia acerca de los servicios de justicia actuales y los beneficios de una posible implementación de una Casa de Justicia.
 
•   Envío de escrituras del terreno, licencia de construcción, planos estructurales, hidráulicos, sanitarios, etc
 
•   Constancia de Planeación Municipal donde certifique que el lote tiene conexión de los servicios públicos.
 
•   Documentos del Alcalde para contratar con el Estado.
 
•   Presupuesto desagregado de la dotación.
 
•   CDP de respaldo para la cofinanciación.
 
•   Elaboración del proyecto en metodología MGA.
 
•   Cartas de compromiso de las Entidades del Orden Nacional, Local, Universidades para hacer parte del Programa una vez se materialice el Proyecto.
 
•   Cartas de compromiso de las Juntas de Acción Comunal, JAL y organizaciones comunitarias para hacer parte del Programa una vez se materialice el Proyecto.
 
Este diagnóstico puede estar apoyado en la información que para el efecto exista tanto en el municipio o departamento (plan de ordenamiento territorial, planes de convivencia y seguridad ciudadana, informes, estudios de universidades y organizaciones sociales, etc.), como en las Entidades del Orden Nacional (Fiscalía General de la Nación, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Instituto Colombiano de Bienestar Fa- miliar, Defensoría del Pueblo, Ministerio de la Protección Social, Ministerio del Interior) y de las Entidades del Orden Local (Comisaría de Familia, Inspección de Policía, Desarrollo Comunitario, Personería, etc.).

Disponibilidad de Lote e Inmueble

​El municipio o departamento ofrecerá un lote de su propiedad con características técnicas que se ajusten a lo requerido por el Programa para que se construya la Casa de Justicia. Así mismo debe disponer de un lote de 1.000 m2 aproximadamente, de propiedad del municipio o departamento y que cuente con todos los servicios públicos y con vías de fácil acceso. El lote debe estar ubicado en zona urbana y/o cabecera municipal.

Otra opción es disponer de un inmueble que pueda adecuarse y dotarse como una Casa de Justicia (igualmente debe reunir los criterios técnicos establecidos en la sección dedicada a obra física).

Espacios Físicos Establecidos para el Diseño de una Casa de Justicia

En los diseños se debe tener en cuenta los accesos (rampas y baños) para personas discapacitadas, baños para funcionarios (hombres y mujeres), baños para el público (hombres y mujeres). Dependiendo de las condiciones geográficas y climáticas tener presente la instalación de equipos de ventilación adecuados.​ 

ESPACIOS Y/O ENTIDADES N° DE OFICINAS REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DIMENSIONES MÍNIMAS (METROS)
Coordinación 1 Con sala de juntas, de fácil acceso al público y puesto de trabajo con dirección para atención al público. 4.80 por 3.50
Comisaría de Familia 1 Con sala de juntas, de fácil acceso al público y puesto de trabajo con dirección para atención al público. 4.80 por 3.50
Asistente Comisaría de Familia 1 Puesto de trabajo con dirección para atención al público. 2.50 por 3.50
Psicólogo Comisaría de Familia 1 Puesto de trabajo con dirección para atención al público. 2.50 por 3.50
Trabajador(a) Social Comisaría de Familia 1 Puesto de trabajo con dirección para atención al públic y privacidad. 2.50 por 3.50
Archivo para Comisaría de Familia 1 Cerrado y con seguridad. 2.00 por 2.50
Oficina Centro de Recepción e Información CRI) 1 De fácil acceso al público, puesto de trabajo con dirección para atención al público y privacidad. 2.50 por 3.50
Si existe población étnica, con dominio de otra lengua debe existir una Oficina Centro de Recepción (CRI) e Información especializada con la lengua predominante. 1 De fácil acceso al público, puesto de trabajo con dirección para atención al público y privacidad. 2.50 por 3.50
Oficina de asuntos étnicos - indígenas 1 Con sala de juntas y puesto de trabajo con dirección. 4.80 por 3.50
Oficina de afrocolombianos 1 Con sala de juntas y puesto de trabajo con dirección. 4.80 por 3.50
Inspector de Policía 1 Con sala de juntas y puesto de trabajo con dirección. 4.80 por 3.50
Asistente Inspector de Policía 1 Puesto de trabajo con dirección para atención al público. 2.50 por 3.50.
Archivo para inspección de policía 1 2.00 por 2.50.
Personero Municipal 1 Con sala de juntas y puesto de trabajo con dirección. 4.80 por 3.50
Asistente Personero Municipal 1 Puesto de trabajo con dirección para atención al público. 2.50 por 3.50.
Archivo para personeria 1 2.00 por 2.50.
Desarrollo Comunitario 1 Con sala de juntas y puesto de trabajo con dirección. 4.80 por 3.50
Asistente Desarrollo Comunitario 1 Puesto de trabajo con dirección para atención al público. 2.50 por 3.50.
Conciliación en Equidad 1 Con sala de juntas y puesto de trabajo con dirección. 4.80 por 3.50
Centro de Conciliación - Director 1 Con sala de juntas y puesto de trabajo con dirección. 4.80 por 3.50
Centro de Conciliación - Conciliador 1 Con sala de juntas y puesto de trabajo con dirección. 4.80 por 3.50
Centro de Conciliación - Secretaria 1 Puesto de trabajo con dirección para atención al público. 2.50 por 3.50.
Juez de Paz 1 Con sala de juntas y puesto de trabajo con dirección para atención al público. 4.80 por 3.50
Inspector de Trabajo 1 Con sala de juntas y puesto de trabajo con dirección para atención al público. 4.80 por 3.50
Asistente Inspector de Trabajo 1 Puesto de trabajo con dirección para atención al público. 2.50 por 3.50
Archivo para 1 2.00 por 2.50
Fiscalía Local o Seccional 1 Con sala de juntas y puesto de trabajo con dirección para atención al público. 4.80 por 3.50
Asistente Fiscalía Local o Seccional 1 Puesto de trabajo con dirección para atención al público. 2.50 por 3.50
Archivo para Fiscalía 1 2.00 por 2.50
Defensor del Pueblo 1 Con sala de juntas y puesto de trabajo con dirección para atención al público. 4.80 por 3.50
Asistente Defensor del Pueblo 1 Puesto de trabajo con dirección para atención al público. 2.50 por 3.50
Defensor de Familia ICBF 1 Con sala de juntas y puesto de trabajo con dirección para atención al público. 4.80 por 3.50
Equipo Apoyo ICBF 1 Puesto de trabajo con dirección para atención al público. 2.50 por 3.50
Archivo ICBF 1 2.00 por 2.50
Medicina Legal 1 Puesto de Trabajo. 2.50 por 3.50
Medicina Legal 1 Consultorio y Baño. 6.00 por 3.50
Registraduría Nacional del Estado Civil 1 Puesto de trabajo con dirección para atención al público. 2.50 por 3.50
Centro de Cómputo 1 Puesto de Trabajo. 2.50 por 3.50
Archivos Generales Casa de Justicia 2 4.50 por 2.50
Sala de Juntas Mínimo 2 5.00 por 3.50
Sala Múltiple 1 11.00 por 8.00

 
Entidades Adscritas Agencia Nacional de defensa Juridica del estado Inpec Superintendencia de Notariado y Registro SPC
 

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Ministerio de Justicia y del Derecho. Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.
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