La coordinación está en cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho, ente que establece los lineamientos para la implementación y posterior operación de estos centros en todo el territorio nacional.

Con este programa se busca garantizar el acceso eficiente y oportuno de los ciudadanos a la administración de justicia, especialmente en aquellos lugares que registran altos índices de vulnerabilidad, marginalidad económica y social, criminalidad y conflictividad comunitaria, y que cuentan con una reducida o ausente presencia institucional del Estado en materia de justicia.

Además, el programa contribuye a desarrollar estrategias preventivas, orientadas hacia la convivencia ciudadana, el rescate de los valores ciudadanos y el restablecimiento del tejido social.